Partido Popular en Cantabria

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido hoy al Gobierno regional que opte por la prudencia y no aplique el certificado Covid sin un aval judicial, porque no puede hacer más daño al sector de la hostelería ni seguir generando inseguridad jurídica y más incertidumbre entre la sociedad. “No se puede generar más caos”, ha afirmado.

A su juicio, el Gobierno no debería seguir adelante, sino suspender la aplicación de la resolución en lo relativo al certificado Covid, pedir un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y permitir hasta entonces el acceso al interior de los locales con limitaciones de aforo, porque esa es la única manera de que los hosteleros puedan seguir trabajando, de generar la máxima seguridad jurídica y de no hacer más daño a la confianza de la población, ni al sector.

Según la dirigente popular, “no solo es perfectamente posible, sino que, además, es lo que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos días esperando el auto del Tribunal Superior de Justicia, que finalmente no se ha pronunciado sobre el certificado Covid”. “Nosotros pedimos que sea el Gobierno el que pida el aval para implantarlo y mientras tanto que no lo aplique”, ha añadido.

La presidenta ha afirmado que el Gobierno debería aprender de sus errores tras unas semanas en las que Cantabria ha asistido a un circo de declaraciones, bandazos, resoluciones contradictorias y cambios de criterio, con hasta tres medidas distintas en un mismo día y la consecuencia de que hoy nadie sabe a qué atenerse.

“La actuación de la administración en los últimos días ha sido todo un despropósito y no podemos estar en medio de una pandemia sin normativa clara ni continuar, en mitad de la campaña turística, en el  conflicto permanente”, ha dicho la presidenta, quien ha hecho hincapié en que es necesario generar certezas y no más desafección entre los ciudadanos y equilibrar la protección de la salud, el trabajo y los derechos de los ciudadanos.

Para Buruaga, el certificado covid que permite controlar el acceso a los  interiores en los niveles máximos de alerta es un mal menor como alternativa al cierre decretado por el Gobierno en los municipios en nivel 3 y 4 de alerta, pero tras la resolución del TSJC, el Gobierno no puede generar más caos.

“El Gobierno ha demostrado una y mil veces que la gestión de la pandemia le queda grande, que se ha visto arrollado por la quinta ola y que no sabe por dónde le da el aire y por eso le pedimos que aprenda de sus errores, que se deje ayudar, que escuche al PP porque cuando lo hace acierta, que no siga adelante y no aplique el certificado covid sin el aval judicial”, ha remarcado.

Para Buruaga, se ha demostrado con la evolución de los datos una y mil veces que la hostelería es un sector seguro, que cumple las normas, trabaja con profesionalidad y debemos protegerlo al máximo.

Sin embargo, ha añadido, con sus bandazos, el Gobierno ha provocado un daño enorme a la confianza de los ciudadanos, la imagen de la región y al sector de la hostelería, que bastante tiene con intentar salvar los muebles este verano y defenderse de los ataques de la coalición.