El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha calificado como fraude de ley la política de contratación que las administraciones públicas españolas llevan realizando durante más de 25 años, en varias sentencias, la última dictada el pasado 3 de junio contra el abuso de interinos. El Partido Popular de Cantabria quiere conocer el impacto que este fallo tiene en la comunidad autónoma y los planes del Gobierno de Cantabria para reducir la temporalidad en el empleo público y, para ello, ha registrado en el Parlamento una batería de preguntas para que sean contestadas oralmente en el pleno por el Ejecutivo.
La diputada Isabel Urrutia ha recordado que la temporalidad en el empleo público en la Administración de Cantabria alcanza un 38,73%, con unas tasas de interinidad preocupantes tanto en el ámbito funcionarial como en el laboral, con personas que llevan ocupando estos puestos, en algunos casos, desde hace 25 años, y la mayoría en los más de tres años que marca la ley para la resolución de las diferentes Ofertas de Empleo Público.
Y ha advertido de que las sentencias emitidas en los últimos años por el Tribunal de Justicia Europeo y la situación de los empleados de la Administración que tras muchos años de trabajo temporal se pueden encontrar ahora en la calle, obligan a que el Gobierno de Cantabria tome medidas para dar solución al problema de la temporalidad en el empleo público, puesto que se están comenzando a producir las primeras demandas de los interinos para que se les reconozca el carácter de fijo.
En este sentido, la diputada ha señalado que el Estatuto Básico del Empleado Público recoge algunos instrumentos de solución de este tipo situaciones, instrumentos de carácter excepcional, más allá de la solución general que es la convocatoria de ofertas públicas de empleo. Soluciones que deben respetar, como no puede ser de otra manera, los principios recogidos en el artículo 23 de la Constitución, de igualdad, mérito y capacidad.
Por todo ello, desde el Grupo Popular se preguntará al Gobierno de Cantabria si considera que el personal funcionario interino y el laboral indefinido no fijo o temporal, cuyo nombramiento o contrato supera los tres años, respectivamente, se encuentran en fraude de ley; y si tiene previsto retirar de la Oferta Pública de Empleo las plazas que están ocupadas por personal funcionario interino y el laboral que se encuentran en fraude de ley según ha determinado la justicia de la Unión Europea.
Asimismo, preguntan si el Gobierno de Cantabria va a convertir al personal funcionario interino y el laboral en personal fijo, como están solicitando diferentes organizaciones sindicales y según lo que ha determinado la justicia de la UE afirmando que se encuentran en fraude de ley; y si considera que las demandas que estos empleados públicos están presentando ante los juzgados para que se reconozca su carácter fijo podrán tener repercusión en los nombramientos de los aspirantes que superen los procesos selectivos actualmente en ejecución.
Y también quieren conocer cuál es la postura del Gobierno de Cantabria respecto a la propuesta realizada por el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, sobre la contratación de interinos por tiempo no superior a tres años en una futura regulación de los empleados públicos en España.
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