El Partido Popular va a presentar mociones en los ayuntamientos de Cantabria con el objeto de instar al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar sobre determinados impuestos y costes regulatorios para impedir que el espectacular aumento del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia.
La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha explicado que la presentación de estas mociones forma parte de la ofensiva que ha iniciado el Partido Popular en toda España frente a la pasividad del Gobierno ante el desproporcionado aumento del precio de la electricidad.
“El Gobierno, que se vende como el más social, está arrojando a cientos de miles de familias a la pobreza energética”, ha advertido González Revuelta, recordando que España es el cuarto país de la Unión Europa en el que sus residentes pagan más por la electricidad y que, entre mayo de 2020 y mayo de 2021, la factura de la luz se ha incrementado en un 44%.
La dirigente del PP ha señalado que en España menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de la electricidad y del mercado, mientras que el resto se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política (por ejemplo, subvenciones a las renovables o al carbón o el déficit de tarifa, entre otras) y a los impuestos. Por tanto, una de las vías más inmediatas para reducir la factura de la luz es la rebaja de los impuestos que gravan la electricidad.
Sin embargo, según ha señalado, el Gobierno de España ha optado por implantar una tarifa con tres tramos horarios que restringe la libertad de elección de los consumidores, convirtiendo tareas domésticas cotidianas en actividades de lujo, y que supondrá un incremento en la factura de la luz para 11 millones de españoles.
Por ello, en su iniciativa los populares plantean que el Ejecutivo suprima el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que ahora es del 7%; modifique la Ley del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica (como la deuda del sistema eléctrico y los costes extrapeninsulares) sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; así como simplificar el recibo de la luz para facilitar su comprensión y poner en marcha de inmediato una campaña de información dirigida a los consumidores que explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa de la luz.
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