Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley, para su debate en el pleno del Congreso de los Diputados, en la que reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez la devolución inmediata a Cantabria de los 45,5 millones de euros que quedaron pendientes de la liquidación del IVA de 2017, de acuerdo con la doctrina expuesta en la reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a dichas liquidaciones. La iniciativa ha sido firmada por los diputados del Partido Popular por Cantabria, Diego Movellán y Elena Castillo.

“Hemos exigido al Gobierno en repetidas ocasiones que adoptase las medidas necesarias para devolver ese importe, llegando a aprobarse holgadamente una Proposición de Ley que presentamos en el año 2018, pero nunca se ha llevado a ejecución”, ha señalado Movellán, recordando que la última reclamación fue mediante una enmienda a los Presupuestos Generales del 2021 que fue vetada directamente y no se llegó ni a debatir.

Por su parte, Castillo ha recordado que el Estado tiene una deuda con Cantabria de 45,5 millones, correspondientes a la mensualidad de IVA impagada en diciembre de 2017 “y es una reclamación legítima y justa”. “El Gobierno de Sánchez tiene que cumplir con los cántabros sin esperar ni un minuto más, tal y como lo ha reconocido el Tribunal Supremo con respecto a esta misma liquidación en otros territorios”, ha indicado.

Ambos diputados han lamentado que nuevamente tienen que ser los tribunales los que “hagan justicia con Cantabria”, ya que Sánchez está negando constantemente los recursos a Cantabria con el silencio cómplice del presidente Revilla y sus socios de gobierno. “Revilla vuelve a beneficiarse del trabajo y la lucha de otras administraciones gobernadas por el Partido Popular”, afirman, y “los cántabros ya tenemos comprobado que entre defender a Cantabria o seguir en su sillón, Revilla siempre elige lo segundo”.

Los populares han explicado que la Administración General del Estado recibió en el año 2017 los ingresos correspondientes a doce meses de IVA, aunque solamente contabilizó en el presupuesto de ingresos once meses: la recaudación por IVA del mes de noviembre de ese año se ingresó en 2017 pero se contabilizó en 2018.

El problema se generó con la implantación, durante ese año, del sistema para el Suministro Inmediato de Información (SII). Un sistema de suministro electrónico de los registros de facturación integrantes en los libros de IVA que ha mejorado notablemente la comunicación entre Administración y contribuyente, inmediata y en tiempo real, y que ha permitido luchar contra el fraude fiscal.

La puesta en marcha del SII generó un retraso en la fecha límite de presentación de las declaraciones y en su contabilización, llegando a producirse hasta dos meses de retraso, de manera que la recaudación por IVA del mes de noviembre de ese año se ingresó en 2017, pero se contabilizó en 2018.

Esto ha provocado un doble perjuicio a las comunidades autónomas. En primer lugar, el rendimiento definitivo del IVA se calcularía en base solamente a once meses de recaudación, cuando los contribuyentes de este impuesto ingresaron en la AEAT doce meses de recaudación durante el año 2017. En segundo lugar, la recaudación estatal por IVA se utiliza de forma indirecta para determinar la evolución de distintos fondos del sistema de financiación autonómica, que también se vieron reducidos.

El Partido Popular lleva reivindicando, desde entonces y con diferentes iniciativas, la devolución del IVA adeudado con las comunidades autónomas, e incluso se lo han reclamado desde comunidades gobernadas por el PSOE, pero la respuesta de la ministra Montero fue clara “ese dinero ya no existe”, por tanto, no se iba a devolver nada.

Recientemente se ha conocido que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta de Castilla y León, al estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las repercusiones en la liquidación del IVA del ejercicio de 2017, y ha condenado a la Administración General del Estado a abonar a la Administración autonómica demandante la compensación correspondiente, cuyo importe definitivo se fijará en ejecución de sentencia.

Se adjunta proposición no de ley del Grupo Popular en el Congreso