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Buruaga pide al Gobierno que escuche a los hosteleros porque hay alternativas al cierre

La presidenta mantiene un encuentro con un grupo de hosteleros que se ha concentrado en el Parlamento  

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido hoy al Gobierno de Cantabria que abandone la soberbia y escuche a la hostelería porque hay alternativas al cierre generalizado e indiscriminado, que debería ser siempre la última opción. “Los hosteleros han puesto encima de la mesa un plan de apertura condicionada, controlada y segura. Escuchémoslo”, ha dicho.

Buruaga he hecho esta petición después de mantener un encuentro con hosteleros que esta mañana se han concentrado frente al Parlamento de Cantabria, a los que ha trasladado el apoyo del Partido Popular.
La presidenta ha hecho hincapié en que la hostelería es segura si se ordena de manera segura y ha subrayado que el cierre del interior de los locales en toda la comunidad solo está justificado ante una cuarta ola desbocada, que no es el caso, y tiene como única finalidad evitar un colapso asistencial del que, a día de hoy, no hay riesgo en la comunidad.

Buruaga ha recordado que ninguna comunidad autónoma ha sido tan radical con la hostelería, porque ninguna otra maneja un escenario tan restrictivo y tan extremo con los indicadores epidemiológicos y sanitarios de Cantabria.
“Alguien nos tiene que explicar el porqué de este empeño en dar la puntilla a un sector agotado psicológica, económica y financieramente que da empleo a cerca de 25.000 personas en Cantabria, que no ha hecho nada malo ni ha llevado a cabo ninguna mala estrategia, sino que se ha encontrado con dos pandemias: el covid 19 y el socialismo”, ha dicho.

Y ha recordado que la los hosteleros solo piden que se les deje trabajar de manera condicionada y controlada y que no se les deje morir por decisiones políticas o ideológicas. “Nadie hace más por la hostelería que el que los ayuda a mantener la actividad, así que con nosotros no cuenten para seguir arruinándoles”, ha concluido la presidenta, quien ha reiterado que el Gobierno debería haber aprobado ya compensaciones por el cese de actividad y la reducción de la facturación.

 

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