Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular de Cantabria ha exigido hoy al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que deje de comportarse como un observador pasivo y de echar balones fuera y reúna de manera inmediata al Consejo de Gobierno para aprobar compensaciones para la hostelería por la expropiación de su actividad, porque hasta ahora este sector no ha recibido más que ayudas de miseria.

“Si el Gobierno de Cantabria decide cerrar un negocio porque es incapaz de implementar una política sanitaria adecuada, tendrá que compensar al sector ante la clarísima expropiación de su actividad”, ha afirmado la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, quien ha recordado que la hostelería acumula más de ocho meses de cierre y el que más ha recibido 3.000 euros.

Según la presidenta, la hostelería no pide subvenciones, pide y necesita una compensación por el destrozo causado, compensaciones por el cierre forzoso de la actividad y la caída de la facturación y no ayudas de miseria.
Buruaga ha hecho hincapié en que el Gobierno no puede utilizar como excusa que no tiene dinero, porque cerró el año 2020, un año también durísimo para los sectores económicos y productivos, con un superávit de 65 millones de euros.

Además, ha recordado que quienes ahora se suman a la petición de compensaciones que el Partido Popular lleva reclamando desde noviembre de 2020, cuando se decretó el primer cierre, votaron no a su propuesta de plan de rescate dotado con 100 millones para los sectores más castigados por las restricciones de actividad.

La dirigente popular ha criticado la inacción absoluta del presidente ante la ruina de un sector entero de la economía de Cantabria. “Revilla sigue sin mover un dedo mientras miles de negocios y familias se arruinan”, ha dicho la presidenta, quien le ha pedido que abandone su actitud de observador pasivo y deje de echar balones fuera y parapetándose detrás de los técnicos.

Y ha anunciado que ha registrado en el Parlamento una pregunta dirigida al presidente para que explique a todos los cántabros si va a hacer algo para salvar más de 6.800 negocios y 25.000 empleos o va a seguir con el “no es cosa mía, no es culpa mía y, por supuesto, no voy a hacer nada”.

La presidenta ha insistido en que el cierre total, generalizado e indiscriminado, tiene que ser siempre la última opción y una medida de contención extrema ante una cuarta ola desbocada.

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