Partido Popular en Cantabria

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy que el cierre de la hostelería no es una decisión sanitaria, sino una decisión de Miguel Ángel Revilla, quien se está equivocando gravemente permitiendo una medida que puede impedir como el resto de presidentes autonómicos. “La hostelería la cierra Revilla. Si Revilla quiere, no se cierra, pero lo que pasa es que no quiere”, ha dicho.

Buruaga, que fue consejera de Sanidad de 2011 a 2015, ha comparecido hoy en rueda de prensa para mostrar la rotunda oposición del PP al nuevo cierre que entra hoy en vigor por injusto, desproporcionado y evitable, y advertir a Revilla de que se equivoca gravemente permitiéndolo, eludiendo sus responsabilidades como presidente y escondiéndose detrás de los técnicos, porque si son ellos los que toman las decisiones, hay que cerrar la autonomía y que gobiernen los tecnócratas.

“Lo siento, pero esto no va así. El cierre de la hostelería no es una decisión de los sanitarios como dice Revilla. La hostelería la cierra Miguel Ángel Revilla porque es él quien ha tomado la decisión política de consentir todo y dejar hacer y deshacer a quien se ha empeñado en cerrar: el consejero socialista de Sanidad, Miguel Rodríguez”, ha dicho.

Según la presidenta, si Revilla quiere, la hostelería no se cierra, pero lo que pasa es que no quiere, porque no quiere complicarse la vida con su socio de coalición y por eso, ha añadido, pasará a la historia como el presidente que arruinó la hostelería de su comunidad.

Y ha argumentado que a él le corresponde como presidente dirigir y coordinar la acción del Gobierno de Cantabria y es él quien tiene que llegar donde el consejero de Sanidad no llega porque está ciego en su cruzada ideológica contra la hostelería, ponderar los intereses en conflicto y buscar el equilibrio.

“Es él quien tiene la obligación de arbitrar soluciones intermedias que permitan conciliar economía y salud sin necesidad de recurrir a un cierre total, un cierre generalizado e indiscriminado que es siempre la última opción, una medida extrema de contención que sólo se entiende ante una cuarta ola desbocada, que no es el caso”, ha dicho, y ha advertido de que lo contrario es controlar la pandemia a costa de la hostelería.

HAY ALTERNATIVAS AL CIERRE

La presidenta ha hecho hincapié en que hay alternativas, con el establecimiento de franjas horarias, reducción de aforos, limitación de comensales por mesas, distancias e, incluso, cierres quirúrgicos por territorios o municipios en función del riesgo, una opción menos cómoda y que exige más trabajo de las autoridades sanitarias, pero también más razonable, proporcionada y eficaz.

Para la presidenta, es de sentido común que no se pueden aplicar las mismas medidas con una incidencia acumulada de 400 casos por 100.000 habitantes que de cero, como es el caso de Cantabria, donde hay decenas de municipios libres de Covid.

Según Buruaga, Revilla puede aplicar todas esas medidas sin prevaricar, sin saltarse la ley ni los acuerdos del Interterritorial como están haciendo otras comunidades autónomas, que mantienen la hostelería abierta con más, muchos más, de 161 casos por 100.000 habitantes a 14 días, que, además, es casi la misma incidencia con la que hace un mes abrió.

“Solo tiene que abrir los ojos y mirar a su alrededor”, ha afirmado Buruaga, quien ha pedido al presidente que mire qué están haciendo comunidades como Asturias, que cierra el interior a partir de 325 casos por 100.000 habitantes a 14 días, o el País Vasco, que cierra municipios con una incidencia superior a 400 casos por 100.000 habitantes a 14 días, permitiendo la apertura de la hostelería por franjas horarias.

Según Buruaga, sobran los ejemplos, porque no hay ninguna otra comunidad autónoma que haya cerrado de manera generalizada, en todo el territorio con una incidencia de 160. “Ninguna otra comunidad maneja un escenario tan restrictivo y tan extremo con los indicadores epidemiológicos y sanitarios de Cantabria. El nuestro es un cierre preventivo”, ha apostillado.

Además, ha explicado que Revilla no se puede escudar en lo que dice el consejero de Sanidad ni el consejero de Sanidad en lo que dice el Ministerio, porque ambos tienen capacidad para adoptar sus propias decisiones porque la estrategia nacional se la da, puesto que las actuaciones y medidas que recomienda son adaptables a la situación y el contexto de cada territorio y en ningún caso impiden a las comunidades tomar las medidas que consideren adecuadas.

Buruaga ha insistido en que la hostelería es segura si se ordena en condiciones de seguridad y ha hecho hincapié en que el escenario que se vive hoy en España y Cantabria ha cambiado tanto que no es comparable al de hace un año, al de Navidad o ni siquiera al del mes de noviembre, cuando se cerró la hostelería con una incidencia de 418 casos por 100.000 habitantes y no de 161.

Según la dirigente popular, hoy sabemos más, estamos mejor preparados, el sistema sanitario ha demostrado una extraordinaria capacidad de respuesta; las residencias están protegidas al igual que los sanitarios y cuidadores; y la vacunación avanza en las personas de mayor edad y los colectivos esenciales. “Tenemos otros instrumentos para afrontar la pandemia que el sacrificio de un sector y una parte de la población”, ha abundado.

Con estos argumentos, ha exigido explicaciones más allá de esa constate apelación a unos informes de los técnicos que nadie conoce. “Alguien nos tiene que explicar este empeño en dar la puntilla a un sector agotado psicológica, económica y financieramente, que da empleo a cerca de 25.000 personas en Cantabria, que no ha hecho nada malo ni ha llevado a cabo ninguna mala estrategia, sino que se ha encontrado con dos pandemias: el covid 19 y el socialismo”.

COMPENSACIONES Y NO AYUDAS DE MISERIA

La presidenta ha reclamado al Gobierno de Cantabria compensaciones por el cese forzoso de la actividad y la caída de la facturación y no ayudas de miseria y le ha pedido que no diga que no hay dinero porque en 2020 le sobraron 65 millones de euros de presupuesto con la que está cayendo. “Si el Gobierno decide cerrar un negocio porque es incapaz de implementar una política adecuada tendrá que compensar al sector ante la clarísima expropiación de su actividad”, ha concluido.

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Créditos foto: Pedro Puente