Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha presentado un total de 33 enmiendas al Proyecto de Ley de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria que se encuentra en tramitación en el Parlamento, mediante las que introduce la creación de una nueva categoría profesional de Grupo C1, dando así a los actuales profesionales (C2) la posibilidad de reclasificación, como vienen demandando.

De las 33 enmiendas presentadas por el PP, 22 son de modificación del texto presentado por el Gobierno de Cantabria, mientras las once restantes son de adición de una nueva regulación no incluida en el proyecto, dentro de las que la diputada regional del PP, Isabel Urrutia, ha destacado la reclasificación del grupo C2 al C1, uno de los compromisos adquiridos por el Partido Popular con el cuerpo de bomberos.

El Grupo Popular introduce esta reclasificación a través de una nueva disposición adicional al texto de la Ley para que los municipios puedan modificar sus actuales plantillas y Relaciones de Puestos de Trabajo, con el fin de adaptar los Grupos de Titulación de las categorías que venían manteniendo para los puestos de Cabo y Bombero, posibilitando la integración de dichas categorías o sus equivalentes, en el Grupo C, Subgrupo C1, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Urrutia ha señalado que esta enmienda supone reconocer la profesionalización que en los últimos años han adquirido los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de titularidad municipal, a los que la sociedad les exige cada día más, y el buen hacer de estos profesionales.

La diputada popular ha resaltado que otra de las enmiendas planteadas por su grupo recoge la introducción de un nuevo artículo en el que se da rango de ley a la obligatoriedad al Gobierno de Cantabria de hacer frente a los costes que suponen a los ayuntamientos que actualmente tienen parque de bomberos las salidas fuera de su ámbito territorial para apoyar al Gobierno en la prevención y atención de las emergencias que se produzcan en la comunidad autónoma. Esto sucede con Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales.

Según ha explicado Urrutia, el Partido Popular le otorga rango de ley a esta obligatoriedad a los convenios que anualmente se recogen en los presupuestos, y para los próximos ejercicios habrán de recoger, como mínimo, el importe que se ha destinado para este año 2021 más el aumento del IPC anual y el aumento anual, al menos, de las retribuciones para los empleados públicos.

Por otra parte, y lejos de lo que establece el propio proyecto de ley, que prevé un plazo de un año, el Partido Popular ha presentado una enmienda por la que se obliga a la entrada en vigor del texto al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), así como el desarrollo reglamentario y la puesta en funcionamiento de la Comisión de Coordinación en seis meses.

“Han pasado tres años desde que se impulsó por parte del Partido Popular esta iniciativa en el Parlamento y el Gobierno no puede pretender demorar un año más su entrada en vigor. No hay una razón en el expediente para ello”, ha concluido Urrutia.

El plazo para presentar enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria finalizó el pasado día 7 de abril.

Se adjuntan audios, fotografía de Urrutia con los representantes sindicales (CSIF-UGT-CCOO) de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, y las enmiendas del Grupo Popular a la Ley