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El PP alerta del riesgo que supone la Ley de Cambio Climático para cientos de negocios próximos al litoral

Denuncia que el proyecto de la ministra de Transición Ecológica “vacía de contenido” la reforma de la Ley de Costas de 2013 que solucionó el problema de los afectados por las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre

Iñigo Fernández critica que cada vez que la ministra Teresa Ribera interviene en algo en relación con Cantabria “es para agredirnos”

 

El Partido Popular ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Cantabria que pretende “salvar” la situación de los afectados por la Ley de Costas, cuyo problema parecía resuelto con la reforma del texto aprobada en el año 2013 pero que, ahora, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha vuelto a activar al pretender revertir la situación de las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre a la situación de precariedad en que las dejó la Ley de Costas de 1988.

El portavoz parlamentario del PP, Iñigo Fernández, ha alertado en rueda de prensa de las consecuencias que puede tener la aprobación de la Ley de Cambio Climático tal y como está redactada, en concreto en sus artículos 18.3 y 18.4, para cientos de negocios de Cantabria (empresas, talleres, explotaciones ganaderas) que ejercen su actividad en superficies próximas al litoral habilitadas en su día mediante concesiones administrativas.

Fernández ha explicado que el proyecto de ley establece de nuevo una visión muy restrictiva de los plazos de las concesiones, de los que dice en su artículo 18.4: “computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas”. Es decir, “vacía de contenido la reforma de 2013 y vuelve a poner en riesgo la actividad económica que se genera en dichos espacios y el empleo que se deriva de la misma”.

Por ello, a través de una proposición no de ley, el PP cántabro persigue que, en el transcurso de la última fase de la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, se apruebe la enmienda que permita suprimir los puntos 18.3 y 18.4 del articulado de la ley, “en la medida en que pone en riesgo a una parte del tejido productivo y empresarial de la región y puede generar consecuencias muy negativas en el empleo”.

Desde el PP entienden que resulta imprescindible el pronunciamiento del Parlamento de Cantabria puesto que la comunidad autónoma, junto con Galicia y Asturias, se encuentra particularmente afectada por esta reforma legal que amenaza con suprimir cientos de negocios y empleos en la región.

“No estamos pidiendo más que una cosa, salvarlos, dejarlos sobrevivir, no expulsarlos del terreno en el que han venido desarrollando su actividad a lo largo de los últimos años. Pedimos sensibilidad hacia los titulares de esas concesiones”, ha afirmado Iñigo Fernández, para quien la protección del litoral y la protección del medio ambiente es compatible con la actividad económica que se desarrolla en el dominio público marítimo-terrestre.

“No están Cantabria y España en un momento como para promover la desaparición de actividad económica. No podemos permitirnos esos lujos. Además del daño que hacemos a los particulares, a los titulares de esas concesiones, estaríamos provocando un daño al conjunto de la sociedad porque muchos de esos negocios estarían abocados a la desaparición y al cierre y sus trabajadores abocados al desempleo. ¿Qué queremos? ¿Que todo el país entero pase la vida en ERTE?”, ha abundado.

A juicio del portavoz del PP, parece que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cada vez que interviene en algo en relación con Cantabria “es para agredirnos”. “No nos deja vivir en la alta montaña debido al lobo, no nos deja vivir en el litoral debido a la Ley de Cambio Climático. No podemos estar en manos de talibanes como Teresa Ribera”, ha sentenciado.

AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS

Iñigo Fernández ha recordado que la Ley de Costas de 1998 estableció un plazo máximo de 30 años, a partir de su promulgación, para el disfrute de estos espacios. A la conclusión de este periodo, todas las concesiones administrativas situadas en el dominio público marítimo-terrestre se considerarían caducadas. La aproximación a la fecha de caducidad, el año 2018, acrecentó la preocupación por la pérdida de actividad económica que habría de producirse como consecuencia del desalojo de los titulares de concesiones. En Cantabria, como en general en todo el Norte de España, cientos de negocios de todo tipo se vieron amenazados por esta circunstancia y sus titulares se movilizaron en defensa de una solución para la continuidad de sus establecimientos.

En atención a esta demanda, y con el fin de mitigar el impacto económico de las medidas contenidas en la Ley de Costas de 1988, precisamente en medio de una enorme crisis económica, en el año 2013 con el Gobierno de Mariano Rajoy se procedió a reformar la misma de tal modo que fuera posible autorizar la prórroga de las concesiones en determinadas condiciones y allí donde la actividad económica y el empleo lo justificara.

Sin embargo, la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el año 2020, ha activado de nuevo las alarmas entre los integrantes del llamado colectivo de afectados por la Ley de Costas puesto que anula en la práctica la reforma de la Ley de Costas de 2013 que dio una solución a los negocios, fábricas, talleres y estabulaciones ganaderas que se encuentran ubicadas en la franja del dominio público marítimo-terrestre.


Se adjuntan audios, fotografía y PNL del Grupo Popular

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