Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha pedido al Gobierno y a los grupos de la oposición unidad de acción para defender a la industria  electrointensiva de Cantabria frente a la política energética de Pedro Sánchez, que amenaza su viabilidad al situarla en clara desventaja competitiva en el mercado internacional por el elevado coste de la energía.  

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado en el Parlamento una iniciativa que contiene un catálogo de soluciones para el sector, a la que ha invitado a sumarse a todos los grupos parlamentarios y, muy especialmente, al PRC y al PSOE, para que el Gobierno reaccione.

“Queremos que el Gobierno reaccione, que se ponga las pilas, pase de las palabras a los hechos y defienda de una vez el tejido industrial de Cantabria, su viabilidad y los puestos de trabajo y que lo haga con el respaldo y los votos de todo el Parlamento”, ha dicho.

Y ha subrayado que hasta ahora, ha sido el Partido Popular el que ha liderado la defensa del sector, marcando la hoja de ruta, promoviendo acuerdos con los que ha logrado la unidad y proponiendo soluciones para ser útiles a la industria de Cantabria. 

De hecho, ha recordado Buruaga, el Partido Popular promovió un acuerdo unánime del Parlamento en defensa de las alegaciones al Estatuto del Consumidor Electrointensivo, pero la gran pregunta, ha añadido, es qué hizo el Gobierno con esos votos, porque no hubo respuesta más allá de decir amén cuando el Gobierno de Sánchez no admitió ninguna de las propuestas.

“En lugar de ser la voz de la industria, el presidente mantiene un silencio atronador. Se ha quedado mudo ante el grave problema de competitividad de nuestros gigantes de la industria y no ha dado ninguna solución”, ha afirmado la presidenta, quien ha recordado que el sector tiene un grave problema para competir en el mercado internacional porque soporta un coste energético de más del doble que sus competidores europeos debido a la falta de apoyo del Gobierno de Sánchez.

Así, a la drástica reducción de las compensaciones y retribuciones que sí tienen establecidos los gobiernos de Alemania y Francia, Buruaga ha sumado el Real Decreto por el que se regula el Estatuto del Consumidor Electrointensivo aprobado en diciembre, que mantiene a las industrias más consumidoras de energía en elevado riesgo de inviabilidad.

Por todo ello, el Partido Popular ha registrado una moción que recoge las reivindicaciones del sector para atajar el problema del sobrecoste energético que espera sea aprobada por unanimidad, para que el Gobierno de Cantabria la defienda y la haga valer ante Pedro Sánchez. 

“Porque de nada sirve lo que se apruebe en Cantabria si después no se defiende y se mantiene el tipo ante el Gobierno de Sánchez”, ha advertido Buruaga.   

El grupo popular pide revisar, desarrollar y completar el marco normativo energético establecido en el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, para arbitrar medidas de mayor impacto, compatibles con la normativa de la Unión Europea, que reduzcan los costes de suministro eléctrico de las empresas de dicho sector hasta situarlos en un nivel de referencia similar al de otros países europeos más competitivos como Alemania y Francia.

En concreto, plantea la graduación de las ayudas en función de la intensidad del uso de la electricidad conforme a las directrices de la Comisión Europea; la  compensación máxima permitida por la Comisión Europea de todos los cargos de financiación de las energías renovables y cogeneración de alta eficiencia, incluidos los que se realizan indirectamente con los impuestos de la ley 15/2012 de sostenibilidad energética; la Compensación máxima permitida por la Comisión Europea del CO2 indirecto incluido en la factura eléctrica, que deberá garantizarse por ley, y la exención del peaje del transporte eléctrico en un 80%.

Además, reclama que se implemente a la mayor brevedad posible el mecanismo sustitutorio del servicio de interrumpibilidad, denominado reserva estratégica de respuesta rápida, de modo que pueda ponerse en marcha como máximo el 1 de julio de 2021.