Partido Popular en Cantabria

La presidenta del Partido Popular, María José Saénz de Buruaga, ha reclamado hoy una ley autonómica de vivienda y lucha contra la okupación ilegal que prohíba expresamente que las personas condenadas por delitos de usurpación de un inmueble o allanamiento de morada puedan acceder a una vivienda protegida.

Esta propuesta se recoge en una proposición no de ley que el grupo parlamentario popular defenderá el lunes en el pleno del Parlamento en la que, además, pide un pronunciamiento de la Cámara para que el Gobierno de Pedro Sánchez dé marcha atrás en la legislación que da carta blanca a la okupación ilegal.

La dirigente popular ha presentado en rueda de prensa esta iniciativa, con la que el Partido Popular pretende que los grupos con representación en el Parlamento y el Gobierno de Cantabria se retraten de verdad sobre un asunto en el que “no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo.”

Buruaga ha anticipado que espera del PSOE un no radical y ha pedido al PRC que abandone el postureo y la ambigüedad y se moje de verdad, que deje de mirar para otro lado y pase de las declaraciones de intenciones a los hechos.

LEY AUTONÓMICA DE VIVIENDA Y LUCHA CONTRA LA OKUPACIÓN

En su propuesta, el Partido Popular reclama que el Gobierno de Cantabria elabore y remita a la Cámara un proyecto de ley de vivienda y lucha contra la okupación ilegal para garantizar el acceso de todos los cántabros al uso y disfrute de una vivienda digna, especialmente, a los sectores de población más vulnerable, y proteger la propiedad privada, la convivencia vecinal y la seguridad de las personas y las cosas, puesto que esta comunidad es una de las únicas que no dispone de un marco legislativo ordenado en el ámbito de la vivienda.

Buruaga ha anunciado que el PP va a pedir que esta ley prohíba expresamente que las personas condenadas por okupación ilegal, es decir, por delitos de usurpación de vivienda o allanamiento de morada, puedan ser propietarios ni usuarios de viviendas protegidas, tanto en los casos de condena por sentencia firme, como de sanción mediante resolución administrativa firme.

Además, reclamará la puesta en marcha de un canal de denuncias anónimas que permita la persecución de la venta fraudulenta y la okupación, preservando la identidad de los denunciantes; la asistencia jurídica a los propietarios de las viviendas ocupadas ilegalmente en las primeras 48 horas, suscribiendo el oportuno convenio con el Colegio de Abogados; que las empresas suministradoras de servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones tengan la obligación de comunicar la okupación de una vivienda cuando tengan fundada sospecha de que se ha producido este delito.

El PP defiende que la lucha contra la okupación se incluya entre las materias sujetas a colaboración y coordinación específica  entre la Dirección General competente en materia de vivienda, los Ayuntamientos y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Estas medidas son complementarias de las que el PP defiende a nivel estatal: que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan desalojar el inmueble okupado en 12 horas; que el  delito de usurpación de un bien inmueble lleve aparejado penas de 1 a 3 años de prisión y la incitación a la okupación penas de 3 meses a 1 año; que los okupas no se puedan empadronar y que tanto las comunidades de propietarios como las personas jurídicas puedan adoptar medidas legales y actuar ante los tribunales.

Al mismo tiempo, el PP pedirá el lunes en el pleno que los grupos parlamentarios se sumen a su reclamación al Gobierno central para que dé marcha atrás en su legislación pro-okupación.

Según la dirigente popular, el Gobierno de España no solo niega el problema, sino que guiado por las presiones de sus socios de Podemos se atreve a promoverlo poniendo facilidades para que se okupen inmuebles y dificultades para que sus propietarios las recuperen.

El último paso en esa dirección se produjo en enero, con la convalidación del Real Decreto de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica que se aprobó con el voto a favor del diputado del PRC José María Mazón y que no hace otra cosa que dar protección a los okupas y avalar la okupación en lo que supone una nueva concesión de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias y Podemos.

“El Gobierno se ha amparado en las personas vulnerables y en la dramática situación sanitaria, social y económica que vive este país y que padecen millones de españoles para dar carta blanca a la okupación”, ha abundado la presidenta, quien ha explicado que a través de ese Real Decreto se ha modificado de tapadillo la norma antidesahucios aprobada a finales de diciembre que permitía el lanzamiento en todos los casos en los que hubiera delito para establecer ahora que no se podrá expulsar a los okupas de una vivienda cuando la entrada se haya producido sin intimidación o violencia.

La presidente ha hecho hincapié en que lo que está haciendo el Gobierno es de amparar el delito de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, no de los desahucios hipotecarios ni de inquilinos protegidos por situaciones de vulnerabilidad social.

“Una vez más, engañan con las palabras porque  consumidor vulnerable o una persona en situación de desahucio no  es un okupa.  A un okupa no se le desahucia, se le desaloja y al vulnerable se le protege, ha afirmado la presidenta, quien ha advertido de que a este paso y con este Gobierno la   okupación acabará convirtiéndose en un mecanismo más de acceso a la vivienda: comprar, alquilar y okupar.

Y ha pedido al diputado regionalista José María Mazón que dé una explicación a todos los cántabros, porque la farsa regionalista de votar y defender una cosa en Cantabria y la contraria en Madrid, no tiene un pase. “Tiene que aclarar si su entreguismo a Pedro Sánchez llega hasta el punto de avalar también las propuestas kafkianas de Podemos o simplemente se la colaron y no se enteró de lo que verdaderamente estaba votando”, ha dicho.

Se adjuntan audios y fotografía

Créditos foto: P. Puente