El Partido Popular pide al Gobierno de Cantabria que no renuncie a cumplir con los convenios que ha firmado con los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en la región y, por ello, defenderá una moción en el pleno del día 2 de febrero en la que insta al Ejecutivo autonómico a respetar las resoluciones del Parlamento de Cantabria en relación a los derribos y los convenios firmados entre el Gobierno y los afectados.
Además, solicitan que, en el caso de los afectados por sentencias de derribo cuyas propiedades se hallen en los términos municipales de Argoños y Escalante, se respete la posibilidad contemplada en los convenios de compensar mediante el procedimiento de “vivienda por vivienda” en el propio ámbito o en ámbito más próximo posible, en el caso de que no sea posible regularizar legalmente las viviendas con sentencia de demolición.
La moción llega a la sesión plenaria después de que el pasado 21 de diciembre el diputado popular Iñigo Fernández interpelara al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, por estar incumpliendo los convenios firmados con los afectados por sentencias de derribo. En este sentido, Fernández ha pedido a Gochicoa “que se ponga las pilas de una vez, porque la situación de los afectados ha llegado al límite”.
Iñigo Fernández ha reprochado al consejero que haya modificado unilateralmente el contenido de los convenios, puesto que en la última reunión celebrada entre los representantes de los afectados y Gochicoa a los afectados de Escalante se les ofrecieron viviendas de sustitución, pero en el municipio de Arnuero, y a los de Argoños solo el pago de indemnizaciones.
Y ha recordado que las soluciones que recogen los convenios firmados entre el Gobierno y los afectados desde el 2015 pasan por explorar la posibilidad de regularizar la situación de sus viviendas, solventando las irregularidades urbanísticas que dieron lugar a las órdenes de demolición; ofrecer una vivienda de sustitución allí donde no fuera posible la regularización; o una indemnización monetaria en el supuesto de que las vías anteriores resultaran inviables.
“Gochicoa está incumpliendo el contenido de los convenios y lo que el Parlamento de Cantabria ha votado en reiteradas ocasiones que es la fórmula de regularización-compensación-indemnización, en este orden, porque unilateralmente renuncia a ofrecer a los afectados una vivienda de sustitución”, ha sentenciado Fernández, criticando además la muy poca sensibilidad con que el consejero está tratando a las 500 familias de afectados, “que no tienen ninguna culpa en lo que pasó porque compraron de buena fe”.
“Estos acuerdos, cuyo cumplimiento los afectados vienen pidiendo desde 2013, son la única garantía que tienen de que su patrimonio no va a verse dañado. Y el consejero no puede modificarlos unilateralmente, tratando a las familias como meros expedientes administrativos. Por eso le reclamamos que rectifique y se respete lo dispuesto en los convenios que se firmaron con los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en la región”, ha sentenciado Fernández.
Se adjuntan audio, fotografía y moción del Grupo Popular