Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha denunciado hoy que, transcurridos dos años de la entrada en vigor de la Ley de Cantabria de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún no se ha puesto en marcha el Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad, y ha urgido su puesta en funcionamiento.

Isabel Urrutia, diputada regional del PP, ha recordado que la ley, que aprobó por unanimidad el Parlamento y que entró en vigor el 12 de enero de 2019, contempla en su artículo 71 la creación de este consejo como órgano colegiado con funciones consultivas para la participación de las personas con discapacidad, el seguimiento y la aplicación de la normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Y que la disposición final segunda de la ley obligaba al Gobierno de Cantabria a aprobar la composición, funcionamiento y puesta en marcha del Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma.

“Pasaron los seis meses de plazo y el Consejo de las Personas con Discapacidad no se creó con la excusa de las elecciones autonómicas. Pero es que hace ya dos años de la entrada en vigor de la ley y el Gobierno ni tan siquiera ha iniciado los trámites para aprobar el decreto que determine tanto la composición como el funcionamiento de este órgano tan importante para la participación de las personas con discapacidad”, ha señalado Isabel Urrutia.

“Es asombroso el rechazo que al Gobierno de Cantabria le produce cualquier órgano participativo. Lo hemos visto en la demora de la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, lo hemos visto en la no convocatoria de órganos de participación de la sociedad y de sectores concretos como el Consejo Asesor de Servicios Sociales, y hoy vemos el incumplimiento reiterado de la ley para la puesta en marcha de un órgano que se creó hace dos años y que han sido incapaces de desarrollar”, ha criticado la diputada popular, quien ha registrado una batería de preguntas para su contestación por escrito en el Parlamento interesándose por los motivos por los que no se ha puesto en funcionamiento este órgano con funciones consultivas.

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