El PP de Piélagos pide justicia para las personas de su partido y para los técnicos municipales que durante más de quince años han sido vilipendiados por su gestión en el caso del Alto del Cuco. Los populares aseguran que la resolución del TSJ de Cantabria, en la que se desestima demanda de indemnización de 89 millones de euros presentadas por la empresa contra el Ayuntamiento, ha hecho justicia con el Partido Popular y con los técnicos municipales que durante más de quince años han sido “vilipendiados” por su gestión en el caso del Alto del Cuco.
En este sentido, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Piélagos, Carlos Caramés, ha explicado que la justicia ha dejado claro que “sólo la empresa es culpable”. Además, el portavoz popular ha negado que la sentencia sea “un regalo de Navidad”, como declara la alcaldesa socialista, Verónica Samperio, sino que “se trata de justicia con Piélagos y justicia con el Partido Popular”.
Por eso, desde el PP de Piélagos han presentado una moción en la que instan al Ayuntamiento que ejecute los trámites legales para reclamar a Fadesa los costos de la demolición de las viviendas en el Alto del Cuco. Los populares piden a Samperio que haga todo lo que sea necesario para conseguir que la empresa pague a los vecinos de Piélagos el gasto que han tenido que asumir por el derribo de las casas del Cuco. “Esa es la siguiente lección de este proceso. Alcaldesa, camine hacia la luz y abandone el acoso y la mediocridad”, ha añadido Caramés que recuerda que la sentencia dice literalmente que esta promotora “obró con dolo, culpa y negligencia grave. Por eso Piélagos no debe pagar indemnización alguna”.
Caramés, también ha recomendado a la alcaldesa que redescubra cómo su partido “ha sido protagonista de la historia del Cuco, tanto o más que sus socios regionalistas”. “Deje de mentir sobre nosotros y abandone esa mediocridad. Corra hacia la luz, abrace el bien y no se olvide ahora de reclamar a Fadesa lo que sólo ellos hicieron mal”, ha aseverado.
Para el edil popular, “alrededor del Cuco sobrevoló la peor de las políticas, la política del enfrentamiento entre socialistas y regionalistas cuando gobiernan, y la política de acoso y derribo al rival”. “En el urbanismo todos somos responsables”, de modo que “si no nos ponemos a trabajar entendiendo que el urbanismo no es un arma, sino un instrumento de desarrollo socioeconómico, seguirán los Cucos, las noches sin dormir y la amargura vital que han tenido que sufrir muchas personas inocentes”, ha concluido.
Por su parte, el portavoz popular Íñigo Fernández ha reprochado al Gobierno de Cantabria su implicación con esta sentencia. Según Fernández, el Gobierno de Cantabria tuvo “un enorme papel en el origen de este conflicto, pudiendo haber evitado que las cosas se desatarán y lo no hizo”. Para el portavoz se desató “una guerra entre Partido Socialista y el Partido Regionalista cuyas consecuencias han estado ahí durante años”.
Fernández ha explicado que el Gobierno de Cantabria aprobó el estudio de Impacto Ambiental y no puede desentenderse del problema en el Cuco y ni de resto de las 500 viviendas afectadas con sentencias de derribo porque, “en casi todos esos casos el Gobierno de Cantabria ha ejercido una enorme responsabilidad”. “Exigimos al Gobierno de Cantabria implicación en las soluciones, que no se puede esconder, que tiene que dar la cara, que es quien tiene que liderar las soluciones que se pongan sobre la mesa para los afectados sean familias o instituciones como este caso”, ha remarcado.
El portavoz popular ha invitado al Gobierno regional a que termine con el comportamiento “indolente esquivo” y añade, “aquel argumento de culpar al Ayuntamiento de Piélagos no se sostenía, no tenía validez”. “Pedimos que se pongan soluciones cuanto antes con los problemas que han generado en Cantabria las licencias de obra ilegales y que el Gobierno de Cantabria se implique a la hora de liderar las soluciones” ha concluido.
PSOE y PRC Y EL ALTO DEL CUCO
El portavoz popular de Piélagos Carlos Caramés, ha querido recordar que el desarrollo del plan parcial del Alto del Cuco fue un proceso en el que, no sólo intervino el Ayuntamiento de Piélagos, gobernado por el PP, sino que también fue necesaria la labor de las consejerías de Urbanismo y de Medio Ambiente, gobernadas en aquella época por PRC y PSOE respectivamente.
Caramés ha explicado como Medio Ambiente informó favorablemente la Estimación de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto presentado por la empresa, tras imponerle unas correcciones ambientales y acomodarlo la promotora a las mismas. La EIA es un informe vinculante para conceder licencia, correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente, siendo por parte de la misma el pronunciamiento “exclusivo” sobre dichos aspectos. “El propio consejero socialista, José Ortega Valcarce, firmó el documento por avocación de competencias atribuidas al Director General de Medio Ambiente”, ha señalado. Sin embargo, según se ha demostrado después, “la empresa presentó unas modificaciones irreales y engañó a la Administración regional”.
Los problemas del proyecto empiezan según Caramés, cuando los “socios” regionalistas que ocupan la consejería de Urbanismo se ponen a enmendarle la plana a sus compañeros socialistas lanzando fuera de plazo un informe desfavorable. Según el portavoz, en este momento “se desata una guerra soterrada en el bipartito en la que el campo de batalla es Piélagos y la tierra quemada la dejaban para el Partido Popular”.
Medio ambiente, ha continuado Caramés, "mantuvo siempre favorable la Estimación de Impacto Ambiental y nunca activó su competencia para parar las obras. Por su parte los técnicos municipales no veían obstáculo, a tenor de los documentos presentados por la empresa, e incluso apreciaban cierta “mala fe” en lo expresado por la consejería de Urbanismo". Según el portavoz, "incluso los grupos municipales socialistas y regionalistas estaban de acuerdo con el plan parcial en sus inicios. Sólo cuando sus “hermanos mayores”, sus compañeros del gobierno, “empiezan a pelearse en las consejerías” se desmarcan del procedimiento".
La conclusión de Caramés es que en este contexto el alcalde Jesús Ángel Pacheco sólo pudo tomar una decisión, dar la licencia y “evitar una demanda millonaria de la promotora como indemnización e incluso por prevaricación como dice la sentencia”. “El actuar del Ayuntamiento se mantuvo siempre en unos márgenes de apreciación no solo razonados, sino razonables. Piélagos hizo lo que había que hacer y hoy ya está demostrado que el único culpable del desmán paisajístico fue la empresa”, afirma el portavoz.
Además, según Caramés, “cuando se empezaron a detectar las falsedades del documento presentado por la empresa con la obra en marcha, ya era tarde; ya sólo cabía la acción del poder judicial. La promotora se lanzó a una inútil política de hechos consumados que finalmente dinamitó todo el proceso”.
