Los diputados nacionales del Partido Popular, Diego Movellán y Elena Castillo, han animado hoy a los cántabros a unirse en la protesta contra la desvertebración de uno de los pilares fundamentales de nuestro país, la educación.
Recuerdan que esta semana finaliza el trámite de la nueva ley de educación, la LOMLOE, que ya fue aprobada en el Congreso de los Diputados por una ajustada votación y que, ahora, encara como último trámite la votación en el Senado de las 646 enmiendas presentadas.
Para Movellán, la LOMLOE es una ley que certifica la ruptura del pacto constitucionalista en materia de educación. Un proyecto que carece del diálogo y el consenso solicitado por el conjunto de la sociedad y que no da respuesta a los desafíos que tendrán que afrontar las nuevas generaciones, en materia de tecnologías digitales, innovación tecnológica, creatividad digital, en definitiva, en la modernización de nuestro sistema.
El diputado popular cree que esta ley vulnera los acuerdos, principios, libertades y valores que refleja nuestra constitución, entre los que se encuentra el derecho a una educación de calidad, en libertad y con equidad.
Por su parte, Elena Castillo, vicepresidenta de la Mesa de Educación en el Congreso de los Diputados y una de las diputadas que ha tenido que debatir y defender sus diferentes enmiendas, ha señalado que “los políticos no somos nadie para imponer a los padres la educación que ellos quieran para sus hijos”. “Pocas veces nos hemos sentido tan indignados con una Ley, el PSOE ha perdido su condición de partido de Estado y de Gobierno”, ha dicho.
Castillo ha pedido a los socialistas que “no sigan fomentando el odio a España, no sigan empobreciendo el ya mínimo nivel de los alumnos, no sigan dividiendo porque nadie vence en esta división, no sigan lavando el cerebro de niños y adolescentes que son el futuro de nuestra nación”.
La parlamentaria del PP ha explicado que la LOMLOE es una ley extrema que arrincona al castellano en las aulas y que renuncia a la existencia, calidad y gratuidad de la educación especial en los centros sostenidos con fondos públicos. “No se puede orillar a los padres en la elección de centro al que quieren mandar a sus hijos”, ha dicho.
Y ha recordado que los afectados, familias con niños con necesidades educativas especiales, pidieron la eliminación de la disposición adicional cuarta. “Apoyamos la inclusión pero queremos que se garantice la educación especial y su calidad. Si no se fueran a modificar las condiciones actuales de la educación especial se podría eliminar sin ningún problema esta disposición”, ha indicado la diputada.
Por último, ha apuntado que esta ley va contra el castellano como lengua vehicular. Se ha incluido en el Proyecto una enmienda transaccional, la 29, de Podemos, PSOE y ERC que elimina ‘lengua official del Estado’.
Por todo ello, para los populares “es fundamental que la sociedad salga a la calle, que se nos escuche”.