El Grupo Parlamentario Popular ha logrado hoy, a pesar del voto en contra del PSOE y Unidas Podemos, que la subvención a los centros especiales de empleo para la contratación de personas con discapacidad se incremente hasta el 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Esto ha sido posible gracias a una enmienda introducida por el GPP a una proposición no de ley sobre los centros especiales de empleo, que pedía subir dicha subvención por trabajador contratado al 60% como medida de compensación de las subidas unilaterales del SMI durante 2019 y 2020, que había repercutido en un 28% de los costes laborales en las contrataciones de dichos centros.
En el debate de la iniciativa en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, el portavoz de Empleo del GPP, Diego Movellán, ha subrayado la necesidad de ir un paso más allá en la protección de dichos centros, mientras continúe la situación de emergencia de crisis sanitaria, para compensar los mayores costes y menores ingresos ocasionados como consecuencia de la paralización o reducción de la actividad económica.
También ha remarcado la necesidad de garantizar la supervivencia y viabilidad económica de los centros especiales de empleo, que suponen una palanca esencial en la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
En este sentido, ha considerado que la iniciativa del GPP va a permitir garantizar el mantenimiento de los cerca de 100.000 empleos de personas con discapacidad que tienen contratos en dichos centros.
“En España hay 1.800.000 personas en edad laboral con certificado de discapacidad, pero su tasa de empleo es del 25,8% frente al 65,9% del resto de la población”, ha destacado Movellán, quien ha alertado que, según un informe de la Fundación ONCE “alrededor del 60% de ellos podrían perder su empleo en el actual escenario”.
Por ello, acusa al Gobierno de “actuar con mucha propaganda pero llevan a cabo políticas que hacen vulnerables a quienes no lo eran y convertir en más vulnerables a quienes lo eran “.
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