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El PP reclama medidas estructurales para el control de los precios

14, mar, '08.- El Partido Popular de Cantabria reclamó al Gobierno la adopción de medidas estructurales para el control de los precios, así como iniciativas que "compensen el grave perjuicio que se deriva de ese incremento en los productos más básicos, sobre todo para aquellos ciudadanos que tienen rentas más bajas".

Según apuntó la diputada regional del PP, Cristina Mazas, "Cantabria es la comunidad autónoma con el índice de precios interanual más alto de España", por lo que en su opinión "es necesario frenar esa escalada y paliar los efectos que las familias vienen padeciendo desde hace meses, teniendo en cuenta además que se ha reconocido que el aumento del IPC todavía no ha llegado a su tope".

La parlamentaria regional del PP argumentó que "un incremento de los precios supone una pérdida de poder adquisitivo para todos los ciudadanos, puesto que los salarios no crecen al mismo nivel, sino que lo hacen por debajo de los precios de productos de primera necesidad, como los alimentos, o también del transporte".

En este sentido recordó que en el transcurso de un año el precio del transporte se ha incrementado un 8,3 por ciento en Cantabria, y que el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha experimentado un incremento del 7,2 por ciento. A estos datos se añade que durante los dos primeros meses de 2008, el grupo que mayor incremento de los precios registró en nuestra región fue el de la vivienda, con un 2 por ciento.

También recordó que el IPC del mes de febrero en Cantabria creció un 4,9 por ciento con respecto al mes de febrero del año anterior, cuatro décimas superior al conjunto de España, (4,4%). "Este índice en Cantabria es el más alto desde 1995, y el IPC más alto en el mes de febrero desde 1992", subrayó.

"Una comunidad autónoma como Cantabria, que aún no ha alcanzado a la renta media española, tiene un IPC mayor que el nacional, por tanto los ciudadanos de nuestra región tendrán peores condiciones económicas que el resto de ciudadanos españoles", subrayó Cristina Mazas, para quien ambas circusntancias tienen como consecuencia "una peor calidad de vida para los cántabros".

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