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El PP propone reforzar la Alta Inspección educativa para actuar contra el acoso, discriminación e incitación al odio a menores de edad

La diputada regional Mercedes Toribio defiende que el Pacto de Estado Social y Político por la Educación debe incluir medidas para afrontar situaciones de adoctrinamiento en las aulas como las vividas en Cataluña

 

El Partido Popular de Cantabria ha presentado en el Parlamento una proposición no de ley para reforzar las competencias de la Alta Inspección educativa, con el fin de que pueda actuar de forma rápida y eficiente contra cualquier tipo de actuación de acoso, discriminación e incitación al odio a menores de edad, así como velar por el cumplimiento de los principios constitucionales

La iniciativa, que se debatirá en el pleno del próximo lunes, 15 de noviembre, persigue que el Parlamento manifieste la necesidad de incorporar en el Pacto de Estado Social y Político por la Educación una serie de medidas para afrontar situaciones como las que por ejemplo han vivido en Cataluña algunos hijos de Guardias Civiles y Policías Nacionales, pues para el PP “son puros casos de acoso escolar, y como acoso escolar deben ser tratados”.

La diputada regional y portavoz de Educación del Grupo Popular, Mercedes Toribio, señala que las denuncias y quejas de adoctrinamiento en las aulas que llegaron a la Alta Inspección de Cataluña evidencian que estos alumnos no recibieron la suficiente protección.  Sin embargo, la Alta Inspección -que es el instrumento de que dispone el Estado para supervisar a las comunidades autónomas en materia de educación- no tiene potestad de supervisar centros, ni el trabajo que realizan los docentes, sino que ésta es una función de la Inspección de Educación de cada comunidad autónoma, recogida en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Educación.

Por ello, el Partido Popular defiende que solo un aumento de competencias de la Alta Inspección podría permitir el supervisar no solo la normativa, sino la actuación de la propia Inspección de educación en cada comunidad. Y ese aumento de competencias hay que llevarlo a la Ley.

En esta iniciativa el PP plantea acordar el marco normativo para, entre otras cuestiones, permitir que la Alta Inspección educativa del Estado, además de actuar de oficio, pueda actuar a instancia de parte.

También se pretende potenciar las competencias sancionadoras de dicho organismo; la supervisión de los libros de texto, del material escolar y de la garantía de igualdad de derechos de todos los alumnos; y garantizar la neutralidad ideológica y política de los centros docentes, con el objetivo de preservar a los centros educativos como lugares de aprendizaje, libres de adoctrinamiento por quienes atentan contra los derechos y libertades públicas amparados por la Constitución.

En la Proposición no de Ley también se propone que se refuercen las vías de colaboración y comunicación entre la Alta inspección y la Fiscalía.

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