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El PP critica que el Gobierno de Cantabria se oponga la creación del Consejo Regional de Comercio

El diputado Santiago Recio lamenta el “nulo apoyo” del bipartito PRC-PSOE al sector del comercio regional

 

El Partido Popular ha criticado hoy el “nulo apoyo” del Gobierno de Cantabria al sector del comercio, después de haber rechazado en el Parlamento varias propuestas de resolución planteadas por el Grupo Popular para fomentar el comercio regional. “Cada vez es más evidente que este Gobierno no cree en el comercio como agente dinamizador de la economía y generador de empleo”, ha dicho.

Para el diputado regional y portavoz en materia de Comercio del Grupo Popular, Santiago Recio, resulta especialmente significativo que PRC y PSOE hayan votado en contra de la creación del Consejo Regional de Comercio, organismo en el que la Administración y el sector colaborarían para buscar estrategias consensuadas en favor del comercio, fomentar la formación en el ámbito de las nuevas tecnologías y las comunicaciones, y proponer actuaciones comerciales vinculadas a otras áreas, como el Turismo, para aprovechar las sinergias entre sectores.

“Al Gobierno de Miguel Ángel Revilla no le basta con haber recortado la partida de inversiones destinada al Plan de Innovación y Promoción Comercial en más de un 55%. Ya era ridícula la cantidad destinada, de 145.000 euros, pero ahora la han dejado en 65.000. Y para reafirmar su nulo apoyo al comercio, en el último debate parlamentario votan en contra de varias propuestas de resolución que promovían medidas para mejorar la situación del comercio de nuestra comunidad autónoma y la defensa de los derechos de los consumidores”, ha sentenciado Santiago Recio.

Así, el diputado apunta que el bipartito PRC-PSOE también ha rechazado que se fomente la adhesión de las empresas al arbitraje de consumo para dar un claro impulso a la resolución de conflictos con los consumidores sin tener que llegar a conflictos judiciales y evitando malgastar recursos y tiempo.

E igualmente, regionalistas y socialistas han votado en contra de la elaboración de un plan de formación en consumo, ofreciendo herramientas para la defensa de los derechos como consumidores, especialmente de los colectivos más vulnerables y en aquellos servicios que generan una mayor conflictividad, como el sector eléctrico, los servicios financieros o las telecomunicaciones.

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