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El PP urge al Gobierno a aprobar la normativa que garantice las ayudas al alquiler de vivienda en 2017

Francisco Rodríguez dice que más de 3.000 beneficiarios están pendientes de esta regulación.

 

En el pleno del Parlamento de este lunes, 5 de diciembre, el Partido Popular instará al Gobierno de Cantabria a aprobar, a la mayor brevedad posible, la normativa necesaria para garantizar las ayudas al alquiler de vivienda en el año 2017 a quienes se determine por dicha normativa.

El diputado regional y portavoz de Vivienda del Partido Popular, Francisco Rodríguez Argüeso, quien defenderá esta moción, ha señalado que, en todo caso, en la normativa deberá incluirse como beneficiarios de estas ayudas a quienes la soliciten por primera vez, a quienes han recibido las ayudas en el año 2016 también por primera vez y a aquellos que hayan recibido ayudas desde 2014, y se encuentren en grave situación de vulnerabilidad económica para hacer frente al pago del alquiler de su vivienda.

Para Francisco Rodríguez resulta “preocupante” que el pasado lunes el consejero de Vivienda dijese que todos aquellos que hayan recibido la ayuda al alquiler en el año 2014 no podrán volver a cobrarla, y por eso el PP pretende con su iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno de Cantabria a no dejar de atender a las personas más vulnerables económicamente, aunque hayan accedido a estas ayudas desde 2014.

En este sentido, Rodríguez ha recordado que muchos parados de larga duración aún están encontrando dificultades para acceder a un empleo y poder hacer frente al pago de su vivienda.

“Estamos en el mes de diciembre y todavía no hay ninguna normativa que garantice que para el año 2017 se van a dar ayudas al alquiler y, por lo tanto, las personas que están en una situación de necesidad de ayuda, en este momento no tienen ninguna garantía de que ésta va a existir”, ha señalado Francisco Rodríguez.

El parlamentario del PP ha recordado que, conforme a los datos de ejercicios anteriores, el número de personas que tendrían derecho a estas ayudas, y que estarían pendientes de que el Gobierno apruebe esta norma, asciende a más de 3.000 beneficiarios.

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