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El PP lamenta que el Gobierno de Cantabria reconozca que se volverá a bloquear el suelo rústico

El cambio legal supondrá un paso atrás para el dinamismo económico en las zonas rurales de la región

 

El portavoz de Urbanismos del Partido Popular, José Manuel Igual, ha mostrado su preocupación por las intenciones del Gobierno de Cantabria de bloquear totalmente el suelo rústico a través de una nueva reforma de la Ley del Suelo.

Igual ha apuntado a que en las declaraciones hoy realizadas por el responsable de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, ya se reconoce que tras esa futura reforma legal, habrá que ayudar económicamente a los ayuntamientos a hacer planes especiales. “Es una muy mala noticia, ya que todos sabemos lo que pasó antes de 2012, cuando el gobierno de Ignacio Diego solventó la parálisis total de los suelos rústicos en toda la comunidad autónoma”.

Según explica el portavoz de Urbanismo del PP, los planes especiales ya estuvieron vigentes en la legislatura 2007-2011 “y no se hizo ni una sola vivienda, mostrándose absolutamente ineficaz. Y es que los planes especiales no sólo son costosos, sino muy complejos y paralizan totalmente el desarrollo de las áreas afectadas, y por ende a los propietarios”.

“¿Qué ocurrió en 2012? Pues que con una normativa clara y concisa se desbloqueó el suelo rústico, y a pesar de que el gobierno lo oculta, no sólo se construyeron viviendas unifamiliares, es que se reactivo toda la economía en estas zonas”.

Y es que según recuerda Igual, junto a la construcción de viviendas unifamiliares también se pudieron llevar a cabo cambios de uso, rehabilitaciones, “y muchos otros tipos de expedientes urbanísticos. Que no traten de engañar a los ciudadanos con cifras sesgadas. La ley que se aprobó en 2012 ha sido buena para Cantabria, y lo que está bien y funciona no hay que cambiarlo”.

Según explica el portavoz de Urbanismo del PP, lo que se consiguió con la normativa aún vigente es generar una actividad económica circular “ya que los prados junto a los núcleos urbanos se ponen en valor, generan que vecinos no tengan que abandonar su pueblo, y se reactiva la economía a través de los gremios asociados a la construcción, pequeñas empresas que han podido seguir trabajando y creando empleo”.

“El gobierno debe dar marcha atrás porque es un error volver al pasado. Nosotros desde luego que vamos a luchar tanto en el Parlamento, como en los ayuntamientos por mantener una normativa que ha sido positiva. Espero que consigamos hacerles entrar en razón porque de lo contrario volveremos a un pasado reciente que trajo parálisis e incertidumbre para muchos propietarios de terrenos, que se vieron atrapados durante años en una maraña legal que gracias a Ignacio Diego pasó a mejor vida”, concluyó.

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