Partido Popular en Cantabria

Asegura que la obra cuenta con el certificado final, con el control de calidad  y todos los informes que certifican que está en conformidad con el proyecto técnico aprobado

En opinión de Buruaga, hay técnicos que están diciendo todo lo contrario,  que discrepan abiertamente del informe a la carta encargado por el Gobierno

Considera temerario hacer las afirmaciones que se han hecho sin disponer, un año después de su finalización, de la medición y liquidación final de las obras realmente ejecutadas

Duda de que el informe, al que el Gobierno da más valor que al de sus propios técnicos, pueda servir para fundamentar e imponer penalidades

Dice que si el Gobierno de Cantabria puede hoy requerir a la empresa concesionaria la subsanación de todas las deficiencias e incumplimientos es gracias al contrato que firmó el Partido Popular.

Lamenta el hecho de que la vicepresidenta haya hablado contadas veces de sanidad a lo largo de su mandato y todas ellas, sin excepción, para vapulear al hospital y arrojar suciedad sobre Valdecilla

Dice que la vicepresidenta debería enterrar su inquina y su propio fracaso, para empezar a preocuparse y ocuparse por el sistema sanitario público de Cantabria

TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA

Esta rueda de prensa tiene por objeto salir al paso de las valoraciones realizadas por la vicepresidenta y la consejera de Sanidad en relación con el informe encargado por el Gobierno sobre las obras del nuevo Valdecilla. 

Una nueva ofensiva que ni resulta inesperada ni puedo decir que nos sorprenda en absoluto, dado que la propia vicepresidenta se encargó de dejar bien claro, tras el informe emitido por la Dirección General de Servicio Jurídico, que no la dio la razón, que no iba a escatimar los medios a su alcance para conseguir “informes a la carta” que dijeran sobre el CPP aquello que los expertos independientes de la Administración Pública o los tribunales de Justicia no han dicho.

Es evidente que tanto este informe relativo a las obras de la tercera fase del Hospital como el encargado a la UC para atacar la vertiente económica del contrato y que verá la luz en breve, forman parte de la estrategia del Ejecutivo, de esa estrategia de la manipulación y la mentira,  para seguir combatiendo Valdecilla. 

Y permítanme empezar por ahí. Porque el informe -que no auditoría- encargado por el Gobierno no es más que “un informe de parte”. Un informe a la carta.

Un informe contratado a dedo, a través de un procedimiento negociado sin publicidad en el que la Administración se ha limitado a pedir 3 ofertas a quien ha querido y que finalmente fue adjudicado a la empresa ROMA por la suma de 45.738 euros.

Única empresa adjudicataria del contrato, única destinataria del encargo y única responsable del informe, que mantiene además una directísima vinculación con un alto cargo de este Gobierno nombrado por el Partido Socialista.

Un hecho al que hay que sumar la precipitación y mala fe con que ha actuado el Gobierno de Cantabria y su vicepresidenta que, tal y como nos tiene acostumbrados (menos si se trata de Sodercan), se ha apresurado a  hacer público el contenido de un “informe provisional” sin haber dado traslado ni la menor posibilidad de contradicción a la empresa afectada, a la que está generando una grave indefensión con sus acusaciones.

Un proceder que tan solo puede obedecer el ánimo de manipular la realidad y causar el mayor daño posible porque el informe definitivo y  las verdaderas conclusiones del mismo debieran ser el resultado y la consecuencia de un procedimiento contradictorio con todas las garantías. Y nunca previas o anteriores, como ha sido el caso.

No me cabe la menor duda de que muchas empresas relevantes de este país están tomando buena nota del trato que puede esperar del Gobierno de Cantabria si deciden invertir en Cantabria.  Y es que el Gobierno y su Vicepresidenta- que primero te llama ladrón y después te pregunta-  se están empleando a fondo en disuadir e incluso ahuyentar a quienes han decidido invertir, crear empleo y pagar impuestos en Cantabria. 

Dicho lo anterior, quiero insistir en algunas cuestiones que deben quedar claras:

La primera. Hubo seguimiento y control en Valdecilla. Más que en ningún otra obra en la historia de nuestra CCAA. Y voy a reiterarlo porque, para cualquiera que sepa algo de obra pública, las manifestaciones de la vicepresidenta rozan el “esperpento”.

Control por parte de la dirección facultativa (con técnicos responsables de la arquitectura, las estructuras e instalaciones).

Control por parte de la oficina de control de calidad (la empresa cántabra e independiente Triax) y Control por parte de la oficina técnica dirigida por responsables técnicos del hospital (cuya profesionalidad y buen hacer la Vicepresidenta está poniendo en cuestión) que han contado, además, con la asistencia especializada de la empresa Soningeo.

Y es que la obra cuenta con el certificado final de obra, de control de calidad  y todos los informes que certifican que la obra está OK. O lo que es lo mismo, que la edificación ha quedado terminada de conformidad con el proyecto técnico aprobado por la Administración y los ajustes funcionales, perfectamente legales, que se han producido en el curso de la ejecución o desarrollo de la obra. 

Sin olvidar la intervención de funcionarios públicos, no solo del SCS, sino del propio Ayuntamiento de Santander, que han otorgado todas las licencias necesarias tras las comprobaciones técnicas previas y oportunas. 

En consecuencia, hay técnicos que están diciendo todo lo contrario,  técnicos que discrepan abiertamente del informe a la carta encargado por el Gobierno y que asumen responsabilidad por aquello que han certificado, razón por la que el Gobierno debiera conducirse con mayor cautela. 

En segundo lugar,  la información contenida en el informe de ROMA relativa a los ahorros derivados de las presuntas irregularidades e incumplimientos por parte de la adjudicataria Ferrovial-Siec es  incompleta, deliberadamente sesgada y carente del mínimo rigor, tal y como se reconoce al afirmar como se afirma que no se pueden cuantificar. 

Y es que el informe renuncia a hacer una valoración global de la ejecución de la obra, limitándose a identificar únicamente lo que, a su juicio, supone un menor gasto para la empresa y omitiendo todo aquello que ha supuesto o podido suponer un gasto mayor.

Es temerario hacer las afirmaciones que se han hecho sin disponer, un año después de su finalización, de la medición y liquidación final de las obras realmente ejecutadas.  Un documento que la Administración debe requerir con urgencia a la empresa para constatar si la empresa constructora ha invertido en la construcción menores o mayores cantidades de las realmente contratadas.

De haberlo hecho, es probable que el resultado del informe y consiguiente rueda de prensa hubiera sido bien distinto. Es probable que el Gobierno hubiera podido constatar que  lejos de ahorrar o escatimar en gasto, las obras realmente ejecutadas por Ferrovial-Siec han supuesto para la empresa un coste superior al importe adjudicado.    

Hecho que resulta irrelevante para la Administración porque, a diferencia de las fases y obras anteriores, en este caso no caben sobrecostes, ni  la empresa puede reclamar ni recuperar lo que haya gastado de más.  Así lo estableció el Gobierno en el CPP que se firmó por un precio fijo y cerrado y sin ninguna posibilidad de liquidación adicional.

Sin ánimo de entrar en pormenores de carácter técnico, quisiera hacer algunos apuntes para señalar que los incumplimientos e irregularidades detallados en el informe denotan un profundo desconocimiento del procedimiento y del proyecto puesto que muchos de ellos (mortero planta –4, marquesina, etc…) no figuran tan siquiera en el proyecto aprobado.

Mientras que otros obedecen a cambios justificados y debidamente documentados que no son ninguna irregularidad sino una constante habitual en el desarrollo de todas las obras, razón por la que hubiera sido aconsejable que , antes de inflar el informe como un globo,  la Consejera hubiera intercambiado información con la dirección facultativa de la obra.

En idéntico sentido, cuando se habla de desperfectos conviene puntualizar que, a diferencia de todas las obras y fases anteriores también, la empresa concesionaria responderá de todos ellos durante la vigencia del contrato (20 años) porque ese y no otro es el verdadero espíritu del CPP, sin el cual Valdecilla estaría hoy -18 de julio de 2016-  empantanado (en estructura y en ladrillos)  como los socialistas lo dejaron.  “Porque ese y no otro es el verdadero y único problema que los socialistas tienen con el Hospital.”

Se han dicho y se continúan diciendo de forma reiterada cosas muy graves y muy serias - en este caso, antes del informe definitivo-  que no se pueden ni deben ventilar en una rueda prensa y con un titular de un día como el Gobierno pretende.

Espero que todas ellas se diriman en la Comisión de Investigación a la que el Partido Popular no tiene ningún temor. Todo lo contrario, porque estamos deseando  desmontar todas las mentiras del PSOE.

Finalmente,

Una cosa es que este informe a la carta sirva para iniciar un expediente y otra bien distinta como termine. Porque, sinceramente, dudo mucho de que este informe, al que el Gobierno da más valor que al de sus propios técnicos, pueda servir para fundamentar e imponer penalidades.

Pero, en cualquier caso, debe quedar bien claro

Que si el Gobierno de Cantabria puede hoy requerir a la empresa concesionaria la subsanación de todas las deficiencias e incumplimientos -cosa que no ha hecho una sola vez a lo largo del último año-  es gracias al contrato que firmó el Partido Popular. Un contrato que no tiene precedentes en ningún otro contrato celebrado por la Administración del Gobierno de Cantabria.

Del mismo modo

Que si el Gobierno de Cantabria puede hoy imponer penalizaciones por los hipotéticos incumplimientos a la empresa es gracias a las cláusulas incluidas en el contrato firmado por el PP.  A pesar de que algunos dijeran hace escasos días  todo lo contrario.

Como ven ustedes, no ha habido que esperar mucho a que la Vicepresidenta reconociera, sin el menor rubor, las mentiras de su Gerente. El Gerente del SCS que la víspera de las elecciones ocupaba portada en todos los medios acusando falsamente al PP de haber firmado una cláusula para exonerar a Ferrovial de las penalidades que ahora pretende imponer el Gobierno. ¿Quién mentía entonces? Los mismos que mienten hoy.

La realidad es tozuda y se acabará imponiendo porque nadie ni nunca arbitró más controles y más garantías a favor de la Administración y de los administrados que el Gobierno del PP en el contrato para finalizar el hospital Valdecilla que es una realidad evidente hoy.

Termino, no sin lamentar el hecho de que la vicepresidenta haya hablado contadas veces de sanidad a lo largo de su mandato y todas ellas, sin excepción, para vapulear al hospital y arrojar suciedad sobre Valdecilla.

Lo he dicho muchas veces, lo que debería enterrar es su inquina y su propio fracaso, para empezar a preocuparse y ocuparse por el sistema sanitario público de Cantabria. Porque la pérdida de calidad asistencial es ya un clamor que no logrará distraer con estas maniobras.