Partido Popular en Cantabria

El candidato al Senado por el Partido Popular de Cantabria, Javier Fernández, reivindicó hoy que el Gobierno presidido por Ignacio Diego “asumió como un compromiso casi personal”, de todos sus miembros, el impulso de soluciones al problema que tienen las familias afectadas por sentencias de derribo de sus viviendas.

Javier Fernández, quien junto a la candidata del PP al Congreso, Ana Madrazo, mantuvo una reunión con el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela y Ciriaco García, defendió haber puesto “toda la carne en el asador” durante la legislatura 2011-2015 y anunció que se explorará la fórmula para modificar la legislación procesal de tal modo que se permitan “suspensiones provisionales de sentencias firmes”.

“Hagamos que el Estado pueda modificar sus normas procesales para dar amparo con carácter general a figuras que de forma provisional, cuando hay motivos que lo justifiquen, puedan suspender una sentencia firme”, subrayó Javier Fernández.

Porque en su opinión, no tiene sentido proceder a la demolición cuando, con los nuevos planes urbanísticos, "dentro de un año o dos años esas viviendas pueden ser absolutamente legales". Al respecto Fernández se ha preguntado si “tiene algún sentido no suspender esa ejecución para comprobar si el nuevo ordenamiento ampara o no ampara las viviendas".

El candidato por el PP al Senado no descartó que se ejecute la sentencia y se derriben las viviendas si se determina que los nuevos planes de ordenación urbana no amparan su legalidad, ya que consideró que el principio del cumplimiento de las sentencias es “sacrosanto”.

Sin embargo insistió en que hay que hacer lo “razonable para acabar con el sinvivir de estas familias que, desde que se declararon ilegales las autorizaciones provisionales, se encuentran con autos de demolición de viviendas cuando los planeamientos, en paralelo, están amparando esas viviendas”.

Fernández aseguró que desde el PP van a empeñar su esfuerzo para que las familias “no tengan que vivir la pesadilla de continuas amenazas de demolición de sus viviendas, cuando ven que en paralelo los planes generales están muy avanzados y que en esta legislatura se tienen que terminar”.

El candidato del PP consideró que “hay que darles el plazo de tiempo suficiente para que luego los jueces puedan hacer su función”, enjuiciando los planeamientos así como las licencias y tomando la decisión que corresponda a cada caso.